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El nuevo ordenamiento del territorio

     Los Borbones hacen una nueva división del territorio, aunque respetan la distribución tradicional básica. Se divide el país en capitanías generales, que tienen funciones gubernativas y judiciales, al frente de las cuales está la audiencia. Murcia se integra en la Audiencia de Valencia, lo que rompe, de alguna manera, las fronteras históricas de los reinos, con el fin de concentrar los territorios de la corona en uno solo.

     Se establecen 25 provincias, herederas de los avatares de la Reconquista y la Administración austriaca. Por debajo se crearon 81 corregimientos agrupados en 10 partidos, al frente del los cuales se puso un superintendente. Esta será la base de la Administración española en el siglo XVIII, con los primeros Borbones.

     Los corregidores que se ponía la frente de los corregimientos eran, con frecuencia, letrados, y no militares. Había tres categorías de corregidores: de entrada, de ascenso y de término. Los corregidores también tenían competencias en materia de guerra, como los gobernadores, y en asuntos de justicia, policía y finanzas.

     En 1711 aparecen los intendentes, con las mismas funciones que los corregidores: por lo que se produce una duplicidad de funciones. Esto les llevará a su rápida desaparición.

     En 1789 Floridablanca hace su famoso nomenclátor, con intenciones fiscales, y para conocer las posibilidades del territorio, que presenta un grave desorden y confusión del mapa provincial. Esto dificulta, y evita, la centralización y la homogeneización que pretenden los Borbones. Esta uniformidad está en la base de los proyectos ilustrados de personas como Miguel Soler, que en 1799 trata de equilibrar los tamaños de los territorios administrados, cosa en la que fracasará y que se arrastrará hasta 1833.
 

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