La época borbónica se caracteriza por buscar un Estado más homogéneo, al intentar que toda España tuviera una misma legislación por encima de los fueros tradicionales de los reinos. La Administración borbónica tiende a ser más centralista que la de los Habsburgo.

     La guerra de Sucesión se decide, en España, con la derrota en Almansa (1707), de las tropas del archiduque don Carlos de Habsburgo. Tras esta victoria Felipe V se decidirá a abolir los fueros de Aragón, como represalia por la guerra. En 1715 se derogan los fueros de Mallorca, en 1716 los de Cataluña, y se promulgan los Decretos de Nueva Planta. Sólo Navarra conservó sus fueros. Las ayudas internacionales a Felipe V, y el Tratado de Utrecht, con el que se pone fin a la guerra, implican el final de la hegemonía española en Europa.

     Las Cortes españolas se habían dejado de convocar en el siglo XVII, debido a un mayor absolutismo de los reyes, y al sistema de asientos empleado para financiar a la corona. Sólo se reunieron en 1701 y 1702 para coronar a Felipe V. Además, en esta ocasión, las Cortes de Aragón se asimilan a las de Castilla. También se extinguen las diputaciones y se crea una nueva oligarquía política encabezada por el corregidor. Se castellanizan todas las instituciones de los reinos, reforzando así el centralismo borbónico.

     Los antiguos consejos colegiados, que asesoraban al rey, se convierten en secretarios de Estado y de Despacho, es decir en cargos unipersonales, lo que hoy serían los ministros. Hacia 1714 el centro del poder es la monarquía. Los secretarios fueron llamados para desarrollar un determinado programa político, por influjo de la Ilustración.

     En el ámbito local se crearon los intendentes, para la hacienda, la justicia, la policía y el ejército. Eran delegados territoriales con funciones militares, que en ocasiones se solaparon entre sí y con los cargos de la Administración anterior, ya que, frecuentemente, la nueva Administración no supuso el desplazamiento de los antiguos titulares del poder local.

     Se tiende a una legislación uniforme que afecte a todos los reinos de la corona, para ello se multiplican las audiencias, sobre todo en América; pero no las cancillerías.

     Este nuevo sistema administrativo adolece de medios económicos, debido a las guerras y al derroche financiero. Las diferencias de la legislación fiscal hacen muy difícil la recaudación de impuestos. Para paliar esto, Carlos III emprende una reforma, que no triunfó debido a las reticencias de los poderes locales.

     En la cuestión de la hacienda, para no convocar a las Cortes y aumentar los impuestos, se continuó con el sistema de asientos y de deuda, para financiar las continuas guerras en que estaba inmersa la corona. Este sistema era muy favorable para la monarquía, porque no tenía que convocar a las Cortes, pero era ruinoso para las finanzas.